Dos artículos de la Agencia EFE, uno publicado en El País y otro en La Razón el lunes 26 de octubre con motivo de la Marcha por la Igualdad que llegó a Madrid el domingo 23.
El contenido base de ambos artículos es el mismo:
- Cuando y desde donde salió.
Comenzó el 23 de septiembre en Barcelona. Una treintena de personas recorrieron a pie 500 Kms hasta Madrid, parando en diversos pueblos donde explicaban el por qué de la Marcha.
- Qué reivindicaba.
La Marcha fue convocada por más de 200 entidades del estado español.
• Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
• Renovación de permisos de trabajo sin necesidad de contrato de trabajo.
• Reagrupación familiar sin recortes y con derecho a permisos de trabajo para l@s reagrupad@s.
• No penalización de la solidaridad.
Las diferencias de contenido, serían, por otro lado:
- El País.
• Final del artículo: “Por otro lado, la Guardia Civil interceptó ayer a 26 inmigrantes que trataban de cruzar el Estrecho de Gibraltar en una embarcación neumática tipo zódiac y a otros siete cuando intentaban alcanzar la costa murciana en patera.”
- La Razón.
• Lemas: “Somos personas”; “Libertad, democracia y trabajo para todos” y “Fuera la ley de extranjería”.
• Declaraciones de uno de los convocantes a la Marcha con críticas al gobierno de Zapatero: “No se puede construir una sociedad democrática en paz y libertad si se sancionan derechos a una parte de la sociedad”; “no se puede hablar en los foros internacionales de alianza de civilizaciones cuando se reducen derechos de los inmigrantes que hemos venido a trabajar y que no somos responsables de la crisis”, etc.
• Final del artículo: “ Para estos colectivos, “ la reforma no modifica la actual ley para facilitar la regulación y la igualdad de derechos de las personas migradas” sino que en este momento de crisis “ condena a la pobreza y exclusión social a personas y familias ya establecidas”, con la obligación de tener un contrato laboral para la regulación por arraigo, la reagrupación o la renovación de la residencia.”
El lema “SOMOS PERSONAS” choca de frente con la denominación que sendos artículos hacen de las personas que acudieron a la marcha-manifestación: “inmigrantes” o “grupo de inmigrantes”. Cualificar a una persona o a un grupo de personas simplemente por una acción, migrar, ha servido y sirve para continuar marcando la diferencia nosotr@s – ell@s; “ell@s”, además, como una masa amorfa y homogénea. Escuchar o leer esto potencia el distanciamiento y la ausencia o distorsión de la empatía entre los seres humanos. Porque se nos olvida justo eso, que todas y todos somos seres humanos. Las migraciones humanas han existido siempre y continuarán existiendo. ¿Qué sería de nosotr@s, oh! seres humanos si nunca hubiéramos salido de nuestro terruño? Nos movemos por afán de curiosidad, por buscar nuevas metas, por encontrar una vida mejor a la que tenemos en ese momento, por amor; son tantos y tan variados los motivos que nos han llevado a migrar y a establecernos en un lugar diferente al que nacimos o en donde nos criamos que sancionar a alguien por ello resulta descabellado.
Much@s de aquell@s que llevan el DNI en la cartera y que se pasan horas buscando por internet las diferentes aerolíneas low cost para ver cuando pueden hacer una escapadita con la idea de visitar a sus amig@s o familiares, hacer un curso o buscar una mejor salida laboral; much@ de aquell@s que creen defender a l@s “inmigrantes” haciendo alusión a las mejoras económicas que el país tiene gracias a su trabajo, se han sumado al silencio que también desde los medios de comunicación se ha mantenido en relación al aumento del endurecimiento que supone esta Reforma de la Ley de Extranjería para cientos de miles de personas.
España amplia así sus políticas de represión y coerción hacia la población de origen extranjero. Se deshumaniza aún más y se arrebata la dignidad a cientos de miles persona, conocer las principales modificaciones nos llevará a comprender mejor esta afirmación:
- Tiempo de permanencia en los CIEs.
Auspiciada por la Directiva de Retorno se pasa de 40 a 60 los días máximos de internamiento. Las personas allí encerradas por una falta administrativa, no tener papeles, en condiciones precarias, permanecen en el “centro” a día de hoy una media de 17 días, ¿qué necesidad habría entonces de aumentar los plazos de encarcelamiento? Esto favorece la percepción del “inmigrante” como criminal.
- Reagrupación familiar.
La reagrupación se limita a cónyuges, hij@s menores de 18 años y ascendentes mayores de 65. Podrá solicitarse la reagrupación pasados cinco años de residencia legal en España. Esta modificación es un atentado directo al derecho de vivir en familia, condenando al desarraigo a miles de estas. Pongamos como ejemplo una madre que se marcha de su país natal cuando su hijo tiene 7 años. Llega a España y ha de malvivir en la irregularidad administrativa durante tres años para solicitar el arraigo, evitando por todos los medios que la policía le abra una orden de expulsión y/o la envía a un CIE y la deporte. Una vez concedido el arraigo ha de esperar cinco años para solicitar la reagrupación, para la que demandan en primer lugar un informe de habitabilidad de la vivienda que está tardando una media de un año en realizar el Ayto de Madrid, a este se le suma otro año más de espera entre papeles. La madre podrá vivir con su hijo pasados 10 años si todo sale bien. ¿Qué familia puede aguantar sin sufrir una desestructuración emocional? Añadamos a esto que cuando el reagrupad@s es un cónyuge este o esta se establece en el país con permiso de residencia pero no de trabajo.
- Empadronamiento.
Aquell@s que empadronen a una persona en situación administrativa irregular podrán ser multados con hasta 10.000 euros. Esto supone una flagrante vulneración del derecho a la salud y a la educación, ya que sin el empadronamiento no se puede acceder a ellos. Enmascarada en justificaciones de lucha contra las mafias se vulneran derechos básicos de las personas y fundamentales para la cohesión y convivencia social. Se atenta contra a uno de los valores más humanos, el de la solidaridad.
- Mujeres maltratadas.
Las mujeres en situación administrativa irregular que sufren malos tratos quedan desprotegidas, ya que al acudir a una comisaría a denunciar a su agresor supondrá la inmediata apertura de una orden de expulsión. Ésta se les retirará y se les concederá un permiso de residencia cuando exista sentencia condenatoria del agresor. ¿Quién se atreverá ahora a denunciar?
Desde la llamada “normalización” del 2005 llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero la obtención y renovación de los permisos de trabajo está 100% vinculada a la tenencia de un contrato de trabajo. Esta visión economisista y mercantilista del ser humano ha llegado a un punto crítico en el momento actual de crisis económica en el que nos encontramos, con una tasa de desempleo de casi el 17%. Much@s trabajador@s se han quedado en el paro y no pueden hacer frente al pago de la SS.SS., lo que puede llevarl@s nuevamente a la irregularidad tanto a ell@s como a sus hij@s.
Se les llena a much@s la boca hablando de ciudadanía pero vivimos en una “democracia” basada en la ciudadanía excluyente. Se llega incluso a plantear la existencia de tres tipos de ciudadanos: ciudadanos de primera (autóctonos y nacionalizados – con plenos derechos-), ciudadanos de segunda (con permiso de residencia y/o trabajo –sin derechos políticos-), y ciudadanos de tercera (“sin papeles” –con derechos sociales y civiles a punto de extinguirse, y sin derechos políticos- )
El panorama al que nos enfrentamos no es nada halagüeño, aún así miles de personas continúan luchando para que esto cambie y vaya a mejor. El artículo de La Razón plantea esta situación pero queda claramente reflejado que el motivo que los lleva a exponer las demandas y quejas de los manifestantes es la crítica al gobierno socialista. No hay que olvidar que este periódico es afín al PP, quien no ha apoyado la Reforma por considerarla blanda,.
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